El artículo 88, numeral 19, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que una de las obligaciones de un alcalde o alcaldesa es “presentar dentro del primer trimestre del año, de manera organizada y pública a la comunidad respectiva, la rendición de cuentas de la gestión política y administrativa del año económico financiero precedente, relacionando los logros con las metas del plan municipal de desarrollo y el programa presentado como candidato”.
Hago esta previa aclaratoria legal debido a que la rendición de cuentas es el acto más significativo que puede ejecutar un alcalde cada año porque le permite al pueblo evaluar su desempeño, de forma directa; pero tengo copia del informe que presentó el alcalde de Guaicaipuro el pasado 23 de marzo en el auditorio del Hospital Victorino Santaella de Los Teques y al analizar las 10 escuetas paginitas que leyó a los presentes, la conclusión más relevante es que para Garcés este acto no revistió mayor importancia a juzgar por el “mateo” que le dio.
Sin embargo, de lo poco que presentó pude extraer dos datos interesantes y que confirman lo que hemos criticado durante su corta gestión. El primero se relaciona con el hecho de que el plan de asfaltado fue ejecutado sólo “por donde pasa la reina”, como lo aceptó el propio Garcés cuando afirma que “los sectores beneficiados con el Plan Fiesta del Asfalto fueron: calle 28 de octubre, calle Carabobo, Los Nuevos Teques, La Matica, La Macarena, las avenidas Bertorelli Cisneros, Independencias, Francisco de Miranda, Pedro Russo Ferrer y la Víctor Baptista; además de la vía a Lagunetica y las parroquias Cecilio Acosta y San Pedro”; la mayoría de los cuales presentan serios deterioros a menos de un año.
La otra situación tiene que ver con la polémica rehabilitación de la avenida Independencia, porque en el papelito de trabajo de Garcés sólo se alcanza a leer que “generó cerca de 30 mil horas de pensamiento entre arquitectos, urbanistas y otros expertos” (¿?); pero se le “olvidó” aclarar si esa obra fue sometida a Concurso Abierto como lo exige el artículo 55 de la Ley de Contrataciones Públicas cuando el monto supere las 50.000 Unidades Tributarias (UT), como efectivamente es este caso porque los recursos asignados de 37.5 millones representan 295.275 UT, que es muy superior a los 6.350.000 mínimos que exige la ley en cuestión; y si fue así, tampoco informó cómo se llama la empresa que ganó la supuesta licitación, quiénes son sus dueños o representantes legales o el nombre del ingeniero residente; o si fraccionó la obra en dos partes, como lo prohíbe el artículo 37 de la ley citada.
Además, la rendición de cuentas fue al típico “estilo Garcés” en un escenario apropiado para el secretismo que nos tiene acostumbrados, porque la hizo justo antes de la Semana Santa como si no le interesara que pudiera ser analizada a profundidad porque ya la mayoría de los guaicaipureños estaban “desconectados” o dispuestos para salir de viaje.
POR FIN ME HICIERON CASO. Hace tiempo vengo denunciando que la mayoría de concejales oficialistas de la cámara municipal de Guaicaipuro está incurriendo en una flagrante violación del artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que los obliga a convocar el concurso público para designar al contralor titular local dentro de los 30 días hábiles de declarada la vacante absoluta del cargo, como sucedió desde noviembre del año pasado cuando ellos destituyeron a Luís Fedullo y de lo cual ya han pasado más de 100 días hábiles; pero por fin me hicieron caso y el concejal José “Panchito” Avilán acaba de anunciar que el concurso será convocado después de Semana Santa. Esperamos que sea verdad y que no se comiencen a contradecir como sucedió con el presupuesto de este año que no lo aprobaron a tiempo y fue reconducido, aunque lo nieguen.
PROCESO AL ROJO VIVO. El proceso de postulación en el Psuv para escoger a su candidato a la Asamblea Nacional por el circuito de los altos mirandinos está que echa candela. En una jugada maestra del jauismo para sacar de la carrera a Raúl Salmerón le ofrecieron la Dirección General del Ministerio del Deporte, “la cual aceptó” desde hace 20 días. La idea es designarlo Ministro de ese despacho cuando el “Potro” Álvarez salga del cargo porque el tequeño iría de candidato por el circuito donde la oposición lleva a la Secretaria General de la Gobernación, Adriana D´Elía. Un “compatriota cooperante” me asegura que el ex alcalde tiene más del 80% del apoyo de las Ubches para ser candidato y por eso los rivales internos han dejado correr el rumor de que negoció la candidatura por un cargo; pero su comando de campaña no comió esa “finta” y decidirán si se retiran o no después de las postulaciones porque quieren medir fuerza con los candidatos de Aurora Morales y del alcalde Garcés, que son Kendrick Figueredo, Wisely Alvarez y José Gregorio Biomorgi. Por cierto que como hay muchos actuales diputados del Psuv que no ganarían una elección interna por su mal desempeño en la AN, hay presión de la cúpula para abortar estas primarias como sucedió cuando iban a elegir a los candidatos a alcaldes y concejales de la última elección local, que todos fueron impuestos después que hicieron el “aguaje” de un supuesto conteo interno.
UNA PANADERIA “ESTRELLA”. El miércoles pasado después de asistir a la catedral de Los Teques para visitar al Nazareno, fui a comprar un refresco a la panadería que está cerca de la Plaza Bolívar. Me costó 65 Bs y cuando quise pagar con la tarjeta, la joven de la caja me indicó que para poderla “pasar” tenía que consumir 85 Bs, como mínimo; al reclamarle al encargado (o dueño) este abuso inaceptable, me respondió que eso lo estaba haciendo todo el mundo y que me quejara donde me diera la gana. No acostumbro usar esta columna para asuntos personales, pero al indagar mejor me enteré que esta situación es repetitiva en varios negocios de Los Teques y por eso denuncio este desagradable incidente; incluso, pude averiguar que hay negocios que no aceptan los bonos de alimentación para adquirir productos regulados a menos que se acompañen con otros más costosos. Le hago un exhorto a la Superintendencia de Protección al Consumidor, antiguo Indepabis, para que confirme la veracidad de esta información e inicie un proceso sancionatorio contra estos abusadores.
Sergio Graffe